España,(Revistalogos.com).-La Red utiliza el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) para medir el grado de pobreza y exclusión en España y concluye que en 2010, más de once millones y medio de personas en España, un 25,5 por ciento de la población, se encontraban en esta situación frente a los 10,6 millones identificados en el año 2009.
"La diferencias entre los datos de 2009 y 2010 muestran un avance claro de la pobreza y la exclusión social, que las medidas y estrategias no han logrado detener, menos aún disminuir", explica EAPN Madrid, para incidir en que "este aumento de personas en riesgo de pobreza y exclusión social es un indicador de las desastrosas consecuencias que la crisis está teniendo en el bienestar de la ciudadanía".
Por comunidades autónomas, es Extremadura la que registra una tasa más alta, con un 41,5 por ciento de sus ciudadanos al borde de la pobreza y la exclusión, y un incremento del tres por ciento entre 2009 y 2010. En Melilla, está en esta situación el 37,3 por ciento de los ciudadanos (3% menos que en 2009) y en Ceuta, la tasa se mantiene estable en el 37,7%.
Le siguen Murcia, que registra un 36,1% y un aumento del 4% en un año; Andalucía, con un 35,9 por ciento (2,9% más); Canarias, donde el 35,3 por ciento de los habitantes está en riesgo de pobreza y exclusión; Castilla-La Mancha, 30,9% (0,7% más); Comunidad Valenciana, con un 26,3% (4% más) y Baleares, con 25,8% (2% más).
Por debajo de la media nacional se encuentran Galicia (22%), Asturias (18,8%), Cantabria (19,6%), País Vasco (15,6%), Navarra (9,7%), La Rioja (24,9%), Aragón (15,9%), Madrid (18,1%), Castilla y León (24,6%) y Cataluña (19,8%).

La organización recuerda que en mayo de 2010, España se propuso llegar a una cifra comprendida entre 9,1 y 9,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, reduciendo en un millón y medio en el período 2009-2019 el volumen de ciudadanos afectados, y, sin embargo, se produjo un aumento precisamente de un millón de personas.
Por eso, EAPN Madrid pone el acento en la necesidad de acometer "una profunda transformación de las políticas sociales en España" para lograr los objetivos de reducción de la pobreza y combatir los efectos más negativos de la situación económica, así como de poner en marcha una estrategia "que aborde las desigualdades existentes entre las distintas comunidades y ciudades autónomas