España,(Revistalogos.com).-El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados Joan Tardà denunció que,  pese a los recortes aprobados por el nuevo Gobierno, la Iglesia católica va a continuar recibiendo unos 10.000 millones de euros al año  entre subvenciones directas, donaciones económicas, cesiones de terrenos y exenciones de impuestos.
  El caso que más ha enfatizado es el del impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI) que es, precisamente, uno de los que ha incrementado el Ejecutivo del Partido Popular.   “En este caso, no pagar IBI significa que los municipios dejan de ingresar unos 1.500 millones y unos 250 a través del IRPF”,  señaló Tardà en un artículo publicado en su página personal de internet.
El político republicano recuerda que este “privilegio” tiene su origen en la Ley Hipotecaria de 1946 que permite a la Iglesia católica no matricular en el Registro de la Propiedad de Inmuebles los edificios no inscritos a nombre de nadie. “Ni que decir tiene que muchos de los templos y recintos religiosos, históricamente, fueron edificados en terrenos cedidos por el común, propiedad del pueblo”, señaló Tardà.
  El diputado lamenta que el PSOE no fuera capaz de “modificar absolutamente nada” en lo que a los “privilegios” eclesiásticos se refiere y no cumpliera la moción que el PSOE pactó con ERC y que instaba a cambiar la Ley de Libertad Religiosa. 
“El PSOE no hizo nada, salvo incrementar las donaciones públicas a la Iglesia, y del PP no podemos esperar nada, tampoco”, asumió el diputado. Tardá insistió en que su formación no cejará en el empeño y que seguirá denunciando en el Congreso “la doble moral de la jerarquía eclesiástica, que vive de los privilegios y, a menudo, avergüenza a los católicos de buena fe. Lo seguiremos batallando”, concluyó.
El Gobierno del PSOE paralizó la publicación de la Ley de Libertad Religiosa en verano de 2010,  en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas y dejando insatisfechas a las minorías religiosas que consideraban necesaria. Aún así esta reforma no incluía aspectos económicos relacionados con la financiación de la Iglesia católica ni su recaudación.